Como ponerle bajo precio al trabajo

 

 

 

 

 

Por Leandro Pozzi

Recordar en Karl Marx que existe un valor extra creado por el trabajador y que la diferencia, o lo que al trabajador le queda entre esa riqueza generada y lo que el patrón se apropia se llama salario; y que a su vez el valor del capital se incrementa por toda esa gran fracción de trabajo que el capitalista no le paga al trabajador, resulta fundamental para entender cuál es el carácter de la Reforma Laboral que propone el gobierno de Mauricio Macri.

Si alguien cree que el Triunvirato de la CGT salvó el derecho laboral heredado del estado de bienestar de los años felices, lamentamos contradecirlo. La burguesía –si logra su sanción en el Congreso de la Nación de esta ley- le bajará el costo a la producción de plusvalía haciendo volar por los aires los conceptos hasta aquí conocidos como indemnización, cargas sociales y previsionales, remuneratividad del salario, fondo de desempleo y estabilidad laboral. Y como una manada atolondrada pero perfectamente conciente de lo que hacen buscan involucrar a la escuela pública en formatos diseñados para trocar desocupación a cambio de obscenos niveles de precarización laboral e inestabilidad a perpetuidad.

Los patrones las hacen pero no las pagan

Uno de los elementos más llamativos de la reforma es proponer un sistema de blanqueo en donde todas las situaciones ilegales producidas por las patronales y los juicios en su contra por motivos tales como no registración, declarar menos horas de las que realmente realiza el trabajador o menos salario, falsificación de fecha de inicio de las tareas, etc; y se los quita del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales; condonación de deudas con origen en la falta de pago de aportes y retribuciones. Todo este dinero se esfumará del sistema previsional argentino, del PAMI, del Fondo Nacional de Empleo y del Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.

No solo que se borran los delitos cometidos por los patrones en perjuicio de los trabajadores, sino que con ello se desfinancia a los jubilados y otros sistemas sociales. En cuanto a los trabajadores involucrados en esas situaciones se les ofrece jubilarse en el futuro con una Prestación Básica Universal con un valor que hoy es de $3.423, cinco veces menos de lo que deberían cobrar para no ser pobres.

Además, los patrones tendrán un año mas de gracia mientras regularizan su situación.

Por si esto fuera poco, la multa por los delitos laborales cometidos será calculada por el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil y no según la actual ley de Empleo 24.013, donde se establece una suma acumulada devengada de los meses donde se delinquió contra los trabajadores, el estado y sus organismos sociales y previsionales.

Los contratos de trabajo, a desguace

El concepto de irrenunciabilidad, es decir de aquellas condiciones laborales establecidas en un contrato de trabajo y que no podían ser modificadas por ley, ahora si podrán serlo a través de un atajo enunciado como “modificaciones de elementos esenciales del contrato individual de trabajo” donde podrá intervenir una representación sindical o a través de “un patrocinio letrado”.

Algo así como normativizar sobre las excepciones, que en este casos será presionar sobre el trabajador para que ceda o quedé expuesto al despido, ya que las indemnizaciones también será relativizadas, como veremos mas adelante. Asimismo se debilitan las instancias judiciales que impedían cambiar dichas condiciones hasta que la Justicia Laboral lo resuelva.

En tanto que se libera a empresas subcontratistas respecto a responsabilidades laborales sobre los trabajadores una vez cumplidos determinados controles. Textualmente “El presente Régimen de Responsabilidad Solidaria no será aplicable a los trabajos o servicios que se

contraten o subcontraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía y/o informática, que se efectúen en el establecimiento o explotación. Tampoco será aplicable a los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento o explotación”

 

Licencias por maternidad y cuidado de niños

 

Solo en el punto de licencia por maternidad que se extiende de 2 a 10 días puede observarse un punto positivo para los trabajadores en este proyecto de ley. Mientras que se propone el establecimiento de una jornada reducida por cuidado de menores de hasta 4 años pero que no implicará cobrar el mismo salario sino un proporcional. No se lo incluye como posible cláusula en los convenios colectivos de trabajo sino como posibilidad a concertar con el patrón.

 

El fin de las indemnizaciones

Respecto a las indemnizaciones, siguiendo el mandato de “bajar el costo laboral” se propone otra modificación de la ley de Empleo 20.744 y se establece para su cálculo excluir “la parte proporcional del sueldo anual complementario, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual” y hacerlo “en base a un sistema de evaluación de desempeño y toda compensación y/o reconocimientos de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”.

 

El punto más ligado a expropiar al trabajador de sus derechos y de la riqueza que produce lo encontramos en el llamado “Fondo de Cese Laboral Sectorial para la actividad”, con

el objeto de asumir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa”. El párrafo segundo de lo que es el artículo 39 de este proyecto de ley no deja espacio a las dudas: “El  presente sistema sustituye y reemplaza al empleador en el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, sean directamente aplicables para las reparaciones indemnizatorias por preaviso y despido sin causa, como a las demás modalidades de extinción del vínculo laboral que a ellas se remitan”.

 

El artículo 41 va más allá: “la adhesión del empleador al Fondo será voluntaria, pero una vez practicada la misma tendrá carácter de irrevocable, comprendiendo a todo el personal de su dotación”. Es decir, no hay vuelta atrás. Una vez que el patrón lo decida, condenará a todos sus trabajadores a aportar para su propia indemnización.

 

Sin mencionarse a lo largo de todo el apartado sobre el Fondo que reemplazará a las indemnizaciones cómo se financiará se cita para su composición a las patronales, los sindicatos y al Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación. Va de suyo que los propios trabajadores aportarán a su indemnización. Volviendo a Marx, con este esquema el trabajador vuelve a ser esquilmado, el capital es valorizado igualmente con su trabajo y el patrón acumula más sobre la base de bajar el costo laboral. No crea más puestos  trabajo.

 

Formación laboral y meritocracia salarial

 

Otro capítulo del proyecto de ley que analizamos consiste en crear un Instituto Nacional de Formación Laboral. El mismo desglosa varios puntos. Centralmente surge que en el artículo 55, inciso e), se plantea como una de las funciones de este organismo “otorgar en todo el territorio nacional la Credencial de Registro Ocupacional, donde se vuelquen de manera actualizada los procesos llevados adelante respecto de las horas de capacitación laboral continua existentes a lo largo de toda su vida laboral”. Esto también se vincula respecto al cálculo sobre las indemnizaciones. No pagar siquiera una aproximación sobre lo que vale la fuerza de trabajo –lo que hoy conocemos como salario- sino atar toda ese monto, siempre escaso en los sistemas capitalistas, a un mérito donde la propia clase capitalista interviene, en este caso con certificaciones laborales a las cuales el trabajador debe someterse, sin tener posibilidades de intervenir sobre ese proceso.

 

Asimismo se observa en el artículo 53 inciso c) que ese instituto contribuiría con al “desarrollo económico y a la satisfacción de las necesidades territoriales y sectoriales de competitividad a partir de la formación y el reconocimiento de las calificaciones laborales”. Si tenemos como ejemplo el caso Pepsico, donde las necesidades territoriales y de competitividad fue el cierre de una fábrica y cientos de trabajadores despedidos, baste el botón como muestra.

 

Un rol para la escuela pública en la precarización laboral: formar mano de obra “competitiva” y en negro

 

El proyecto de reforma laboral que analizamos contiene una concepción de escuela como facilitadora de mano de obra barata. En lo sucesivo vamos a fundamentar sobre esta mirada de la escuela como subsidiaria de entender a los derechos y el llamado “costo laboral” como un problema a resolver.

 

En lo sustancial hay una definición explícita de “proceso educativo formal dual”, concepto en las antípodas de lo que entendemos como sujetos en la Ley de Educación Nacional y lo que el propio colectivo docente y sus organizaciones han definido respecto a procesos educativos que trabajan sobre la complejidad, la interdisciplinariedad y la formación de sujetos críticos, autónomos, solidarios y omnilaterales en la construcción de conocimiento.

 

En el artículo 62 del actual proyecto laboral se indica la dualidad que ahora propone el gobierno como “la promoción de prácticas en ambientes reales de trabajo y producción de

bienes y servicios de los conocimientos adquiridos en forma teórica por estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y nóveles graduados en empresas y emprendimientos públicos y privadas que promuevan el desarrollo de sus capacidades y competencias laborales, faciliten su posterior inserción laboral como egresados en empleos de calidad, y favorezcan una cultura centrada en la educación y el trabajo”. Es decir que el sistema educativo aquí se centra en producir sujetos aptos para un sistema laboral donde no existan indemnizaciones, la responsabilidad patronal sobre los contratos desaparezca y persista en núcleo sobre “la competitividad” según las necesidades empresarias.

 

El discurso contradictorio de este proyecto alterna entre la escuela como facilitadora de mano de obra barata y un intento de institucionalizar el trabajo a prueba sin compromisos empresarios, pasantías como forma de encubrir trabajo en negro y la juventud como sujeto maleable en función tales necesidades “competitivas” de las patronales.

 

El artículo 63 es ilustrativo al respecto: “Todas las situaciones de aprendizaje y prácticas en ambientes reales de trabajo y producción de bienes y servicios de los noveles graduados y estudiantes comprendidos en este Título serán exclusivamente formativas y no de carácter productivo, sin generarse por ello relación laboral alguna con la Empresa o Institución donde se realicen. En ningún caso los noveles graduados o alumnos sustituirán, competirán o tomarán el puesto de los trabajadores en donde las lleven a cabo. Las Empresas y las Instituciones que desvirtúen el objetivo formativo del presente Régimen serán sancionadas conforme lo establece esta norma”.

 

Luego que “en la realización de prácticas en ambientes reales de trabajo y producción de bienes y servicios se garantizará la seguridad psicofísica de los nóveles graduados y alumnos que las realizan. También se instrumentará un seguimiento por parte de los establecimientos educativos directamente involucrados para cuidar el desarrollo adecuado del proceso formativo”.

 

Es decir, las escuelas deben generar vínculos formativos, asegurarse de la seguridad psicofísica de los estudiantes en tales procesos pero ninguna relación laboral se reconocerá finalmente.
También estos procesos, si es que persigue formar para una inserción laboral se contradice cuando enuncia que “la prioridad para estas prácticas las tengan los alumnos o nóveles graduados con las mejores calificaciones académicas”.

 

Pero el artículo 68 de la norma establece que “los practicantes recibirán una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo”. Y que además “en el caso de las Prácticas Formativas del sistema educativo secundario, de así requerirse para posibilitar su

concreción, podrán acordarse criterios específicos de estímulo, según lo acuerden la Entidad Educativa, la Institución o Empresa y la representación sindical”.

 

Tenemos entonces un planteo esquizofrénico donde por un lado no se reconocen las características laborales de tales prácticas, se incorporan nuevas responsabilidades para directivos escolares y docentes; y se involucra a la escuela en la gestión de estímulos no remunerativos (en negro) con criterios poco claros con empresas que persiguen fines lucrativos y no sociales.

 

Una juventud que se disponga a padecer la flexibilización laboral    

 

 

El Titulo V del actual proyecto propone como objetivo el “Fomento del Empleo Juvenil y Entrenamiento para el Trabajo”. Nuevamente, el problema no parece ser las condiciones sociolaborales, las relaciones económicas de producción ni como se distribuye la riqueza que generan los trabajadores, sino que el problema recae en quienes deben “entrenarse” para el trabajo.

 

Estas políticas, dirigidas a jóvenes de hasta 24 años, nuevamente ponen el foco en la escuela en el artículo 79 inciso b): “Articulación de las ofertas del sistema educativo, de formación profesional y de la capacitación laboral continúa con las necesidades de competencias laborales demandadas por el mundo productivo”.

 

Otro aspecto central de como “entrenar” a la juventud trabajadora que busca un empleo en la Argentina lo encontramos en el decreto del Ministerio de Trabajo de la Nación nro 304/17 que este proyecto de ley cita en su artículo 80 inciso h: “la ayuda económica mensual que percibirán los participantes de programas nacionales de empleo y de desarrollo social durante la nueva relación laboral tendrá carácter de subsidio al empleo y podrá ser contabilizada por los empleadores como parte de su remuneración laboral neta mensual”. Es decir, se institucionaliza un pago en negro en las empresas desde el Estado y allí se resume la política laboral de este gobierno para las juventudes sin perspectiva de trabajo digno.

 

El artículo 85 va más allá al precisar que “la ayuda económica mensual deberá ser incluida

como parte de la remuneración para el cálculo de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social”. Cabe consignar aquí que el Estado además de convalidar un sistema de pagos en negro, si se paga a si mismo las contribuciones sociales, la sangría para la ANSES está garantizada y su quiebra en el futuro está siendo estimulada desde el propio gobierno. La vulnerabilidad de la juventud, también.

 

Por si alguna duda cabe, sobre la promoción estatal de la precariedad laboral para los y las jóvenes argentinos fija el artículo 86 que “las prácticas que el beneficiario desarrolle en una empresa pública o privada en el marco de un Proyecto de Entrenamiento para el Trabajo no constituirá relación laboral con la entidad que ejecute el proyecto, ni con el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ni generará responsabilidad solidaria de estos últimos respecto de las obligaciones a cargo de las entidades responsables de los Proyectos”.

 

Un sistema similar se ofrece en el artículo 99 para los trabajadores en “empresas en transformación productiva”, es decir aquellas pequeñas y medianas empresas que vienen padeciendo la invasión de productos importados y los tarifazos de luz y gas que ahogan sus posibilidades productivas. Quienes en tales condiciones “obtengan un empleo en el sector privado podrán percibir una prestación dineraria contabilizada como parte del salario y en carácter de subsidio a su contratación por SEIS (6) meses. Cuando los trabajadores contratados por empleadores del sector privado sean mayores de CUARENTA Y CINCO (45) años, el plazo se extenderá a NUEVE (9) meses”.

 

Una agencia para colocar mano de obra precarizada  

 

Con la configuración hasta aquí descripta, nos encontramos con un sistema laboral que flexibilizará aun más las condiciones de trabajo, que concibe el sistema de garantías para los trabajadores como un problema a desarmar; debilita las indemnizaciones hasta el punto de desnaturalizarlas por completo; diluye las responsabilidades empresarias en la subcontratación, promueve nuevas formas de empleo precario y en negro para la juventud, involucra a la escuela pública en nociones competitivas sobre el trabajo en tales condiciones y en definitiva una búsqueda obsesiva por bajar “el costo laboral” bajo la presunción de que así se generará trabajo. Si lo logran, será al costo de precarizar hasta formas desconocidas por la clase trabajadora y la multiplicación de condiciones que producirán enfermedad en el trabajo, desfinanciamiento de los sistemas sociales y previsionales y disciplinamiento social de la juventud antes que permitirle construir herramientas para su autorrealización personal con dignidad.

Ante ese panorama, el gobierno propone como colchón crear una “Red de Servicios de Empleo”. Una especie de agencia contenedora y colocadora de mano obra en donde pudiera tener cabida. Solo algunos conceptos en esa dirección presentes en la letra del proyecto en su artículo 89: intermediación laboral; asistencia y apoyo a trabajadores independientes; asesoramiento al sector empleador sobre normas y facilidades para la contratación de personal; incorporación y acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras en programas de promoción del empleo –que es trabajo en negro, como vimos-; derivación de los trabajadores y trabajadoras a las distintas prestaciones sociales y ciudadanas.

Volver a la enfermedad como concepto laboral

Todo trabajo produce desgaste sobre los cuerpos de los trabajadores y trabajadoras, sean sus trabajos manuales, intelectuales o como resultado de una combinación de ambos. El viejo axioma de que “el trabajo enferma” herencia de las fábricas de la revolución industrial sin derechos laborales, encuentra su contrapartida en discutir las condiciones en que ese trabajo se desarrolla y en si se actúa en tal sentido de forma preventiva o bajo formas indemnizatorias o resarcitorias.

El actual proyecto laboral vuelve al modelo de resarcir el daño antes que en evitarlo. Por ello el gobierno propone el atractivo título de “Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud” con el objetivo de “la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO”, según indica el artículo 107 del proyecto de ley.

Está claro que si se habla de “productos médicos, instrumentos, técnicas, procedimientos clínicos y quirúrgicos” están pensando en como tratar o rehabilitar a trabajadores enfermos por condiciones de trabajo flexibilizadas antes que en modificar tales condiciones hacia la prevención”. Podemos imaginar las nuevas perspectivas en los accidentes de trabajo en las empresas antes que un Estado preocupado en prevenir en función de la salud y el bienestar de los trabajadores.

Tampoco existe absolutamente ninguna mención en este plano respecto a las mujeres, un sector donde se apunta a descargar la prolongación del tiempo de trabajo activo por aumento de la edad jubilatoria.

 

Conclusiones preliminares

Proponemos observar críticamente este proyecto para poder llegar a su sustrato político y cultural. Sortear la lógica economicista que llevó a los burócratas del Triunivirato cegetista a creer que salvaban dos renglones del derecho laboral y no denunciar que se busca reforzar la idea de que el problema de la falta de trabajo, su honda precarización ya existente y su altísimos niveles en la juventud son producto de las “trabas” que generan los derechos laborales para “liberar” a las empresas de su dinámica de empleo es la primer definición. “Comprar” que los convenios colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales son el problema a resolver es algo que como trabajadores conscientes no podemos permitirnos.

Las causas de los problemas laborales y productivos del presente son el desarrollo de una matriz económica que liberaliza el comercio exterior sobre nuestra economía, destruye mano de obra a expensas de los intereses del complejo agroexportador y vuelve a poner todas las expectativas en un “mercado” que solo persigue perspectivas de maximización de la ganancia capitalista especulativa, no el bienestar de los trabajadores ni de sus familias.

Es en ese marco que el actual proyecto, que deberíamos llamar de regresión obrera pro patronal, se propone liquidar todo el andamiaje de protección de los trabajadores que quedó firme producto de la histórica lucha obrera y popular de los últimos 150 años de historia argentina y que es y ha sido vanguardia en América Latina tanto en el terreno de las luchas sindicales como del derecho laboral, social y previsional.

Traer a colación los conceptos de Marx sobre plusvalía, es decir, de como los capitalistas extraen de los trabajadores la riqueza de que se apropian no es un ejercicio de nostalgia anacrónica, es dimensionar que si la patronal además de ello dejará de pagar indemnizaciones a su cargo, la expoliación patronal se vuele obscena y nos retrotrae a la lógica del esclavismo precapitalista

Sería de una gran zoncera de los trabajadores estatales y docentes creer que estamos a salvo de esta avanzada contra los trabajadores solo porque hablamos de herramientas que rigen preferentemente para el trabajador del sector privado. Cada vez que se flexibilizaron las condiciones de trabajo en ese sector, ello se tradujo como tensiones hacia el sector público. Uno de los ejemplos más claros es como los gobiernos neoliberales en los 90 intentaron avanzar sobre los estatutos docentes y el acceso igualitario a la educación a través del Pacto Fiscal II. La semejanza de nombres en la actualidad no es pura coincidencia.

Los llamados Operativos de Evaluación, en realidad dispositivos para forzar ajuste laboral flexibilizador contra las actuales condiciones de trabajo de los docentes, articulado con las concepciones elitistas anti paritarias y anti organizaciones sindicales presentes en el “Plan Maestro” nos van mostrando cuál es el proyecto del gobierno nacional y cómo va incidiendo en los gobiernos provinciales para su concreción. Entre Ríos no es la excepción.

El proyecto de regresión obrera pro patronal viene articulado con el ajuste en las provincias llamado pacto fiscal –para Entre Ríos hay una pérdida de $680 millones, sin contar el costo oneroso de sistemas impositivos provinciales y municipales que desfinancian a los estados que proponen, con promesa de compensación-; terminar con las Cajas de Jubilación provinciales tal como las conocemos y una reforma impositiva para que paguen mas quienes menos tienen, ya que a las empresas hay que “liberarlas” de la “carga fiscal”.

Ante semejante propuesta en un país donde crece la concentración de la riqueza, las tarifas de gas, luz, las naftas y por añadidura el transporte y la alimentación; y solo se beneficia un puñado de empresarios ya insertos en la política y exportadores del sector agrario, descargando todo el peso de la crisis en quienes viven de su fuerza de trabajo, solo cabe responder con unidad, organización y lucha. Con la articulación de un plan de lucha ante un gobierno que solo reconocerá los límites que le pongan la clase trabajadora y el pueblo, se podrá enfrentar el paquetazo del Plan Maestro, las reformas previsional, laboral e impositiva y el nuevo Pacto Fiscal.

Al momento de producir estas reflexiones, las dos CTA y la Corriente Federal de los Trabajadores –sindicatos de la CGT disidentes con el Triunirato- articulaban esfuerzos para construir una gran acción nacional contra los ataques con los trabajadores.

Cabe esperar que los diputados y senadores del Congreso de la Nación estén a la altura de las circunstancias y respondan a los intereses de quienes acumulan con su fuerza las riquezas, crean los valores y hacen rodar la rueda de la historia.

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