La justicia en las luchas sociales

 

 

 

 

 

 

La justicia resulta una palabra remanida, repetida, manipulada hasta el hartazgo por los que parecieran ser los dueños de la “república”. Sin embargo, tres fallos y una resolución ajenos a los intereses de estos y su cultura, sacaron a la justicia de su anodino e inexpugnable lugar y recuperaron su primigenio sentido

Por Leandro Pozzi

Los casos de Josefina López, los jueces genocidas mendocinos, la Noche del Mimeógrafo y los resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Macri y Morales liberen a Milagro Sala tienen un denominador común: estuvieron rodeadas de insoslayables luchas sociales, de una profunda densidad cultural, y que aporta un gran insumo a las batallas presentes y futuras por la dignidad de los pueblos.

En una sentencia sin precedentes, cuatro ex magistrados que se encontraban en el banquillo de los acusados durante el IV juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza fueron condenados a perpetua. Se trata de Otilio Roque Romano, Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo.

Además, hubo otras 8 condenas a la pena máxima, mientras que 4 volverán a su casa porque 3 fueron absueltos y uno recibió una pena menor y condicional. El resto de los 28 imputados recibió condenas que van de los 20 a los 5 años de prisión, señala en diario Los Andes.

Desde las primeras horas de la mañana, en la puerta de los Tribunales Federales sobre calle España, más de mil manifestantes de organizaciones de DDHH y partidos políticos esperaron con gran expectativa el fallo final de este proceso que fue conocido como el “juicio a los jueces” o megajuicio en Mendoza, debido a que entre los acusados había cinco exmagistrados, uno de los cuales ya falleció.

En total el tribunal dictó 12 condenas a perpetua, entre las que se encuentran los jueces que fueron partícipes y actores centrales de la dictadura. Los delitos de lesa humanidad juzgados incluyen la apropiación de una menor, secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y asesinatos.

La Justicia condenó a los jueces genocidas

En Mendoza se vivió el final de un juicio emblemático, ya que luego de tres años de audiencias y testimonios, se lograron 12 condenas a prisión perpetua a militares, policías y jueces. La denominada “Megacausa” refiere a la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad que se debatieron desde el 17 de febrero de 2014, en el IV Juicio de Mendoza. Allí, se dieron 215 jornadas cargadas de testimonios de sobrevivientes, abundantes pruebas y diversas intervenciones. Se trató del juicio oral más importante de la provincia y un juicio histórico para todo el país que juzgó a 28 implicados en el genocidio.

Los delitos juzgados incluyen la apropiación de una menor -la nieta restituida Celina Manrique Terrera-, secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y asesinatos contra más de 200 personas. Estos crímenes de lesa humanidad fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas, la cúpula y subalternos de Policía mendocina, los responsables de las torturas en la Penitenciaría Provincial, y jueces que omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes, constituyéndose en cómplice civiles del genocidio.

Un feminicidio con condena

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia condenó, por unanimidad, a Juan Carlos Acuña a la pena de prisión perpetua, luego de declararlo autor material y penalmente responsable por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y femicidio, por el crimen de la joven Josefina López, ocurrido en Concordia en julio de 2015.

El Tribunal presidido por la vocal Silvia Isabel Gallo, e integrado por los doctores Edwin Ives Bastián y Martín Francisco Carbonell, dio a conocer este miércoles la sentencia en la que condena a prisión perpetua a Acuña, alias “El Víbora”, de 47 años, de ocupación albañil, cosechero y boxeador profesional, con último domicilio en calle Lucas Gonzalez y Monseñor D’Andrea Nº 754 de Concordia, nacido en Baradero, Provincia de Buenos Aires.

El hombre fue enjuiciado y condenado por la muerte violenta de Josefina, quien desapareció de su hogar el 29 de julio de 2015 y, luego de 27 días de búsqueda, el 23 de agosto, partes de su cadáver fueron halladas en un descampado ubicado en una zona conocida como el Naranjal de Pereda, al este de Concordia, cerca de la costa del río Uruguay.

El fallo no está firme y las partes pueden impugnarlo mediante recurso de casación. Mientras tanto, el Tribunal resolvió mantener la prisión preventiva de Acuña, en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hasta que la sentencia adquiera firmeza.

El asesinato de Josefina López ocurrió en julio de 2015. La joven había desaparecido el 29 de julio de su casa del barrio El Sol, donde vivía junto a su madre, su padrastro, sus hermanos, su abuela y su tía, quien a su vez era la novia de Acuña.

La búsqueda de Josefina duró 27 días. Se manejaron muchas hipótesis hasta que se confirmó lo peor. El 23 de agosto hallaron partes de su cuerpo enterrado en un terreno de las ruinas del Naranjal de Pereda, al sur de la planta potabilizadora de Aguas Sanitarias. Poco después encontraron el resto más abajo cerca del río Uruguay, tapado con hojas.

La búsqueda de justicia por el feminicidio de Josefina no tuvo ecos masivos en la sociedad, pero si se transformó en un reclamo visible por el accionar de colectivos de género y el acompañamiento que recibieron sus familiares, con jornadas y marchas que concluían siempre en las puertas de los Tribunales de Concordia, y empujada por las movilizaciones nacionales por el NI UNA MENOS que contenían siempre expresiones locales.

Mazaferri a la cárcel

El represor José Luis Mazzaferri fue condenado por unanimidad, a la pena de 20 años de prisión en el juicio de la causa conocida como La noche del mimeógrafo, en la que estaba imputado por delitos de lesa humanidad cometidos contra estudiantes secundarios durante la última dictadura.

El tribunal compuesto por Beatriz Caballero de Barbani, Otmar Paulucci y Jorge Sebastián Gallino, impuso la pena que había solicitado el fiscal José Ignacio Candiotti.

Los argumentos del fallo serán dados a conocer el 3 de agosto.

Durante la lectura del adelanto de sentencia, tres oficiales de la Policía Federal custodiaron a Mazzaferri e impidieron que sea registrado por las cámaras de los medios.

“Era el monto de pena que esperábamos y fue condenado por casi todos los hechos que se le habían atribuido, tanto por la fiscalía como por la querella, así que conformes con este nuevo fallo”, Marcelo Boyckens, coordinador del Registro Único de la Verdad y abogado querellante en causa.

“20 años de pena es un monto considerable, así que ahora a festejar con las víctimas y los familiares, una sentencia que sigue transitando la senda de la verdad, la memoria y la justicia”, remarcó.

Al consultarte al abogado por las declaraciones de Mazzaferri en las que intentó desligarse de los hechos que le achacaron, éste apuntó: “El forma parte de aquellos que no reconocen lo que hicieron; difícilmente logremos sellar las heridas que tenemos como sociedad si siguen en esa tesitura de negacionismo que incluso algunos medios están defendiendo”.

El ex policía federal Mazzaferri (65 años) enfrentó acusaciones de secuestro y torturas a los que fueron sometidos adolescentes que eran militantes peronistas de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) o de la Federación Juvenil Comunista (FJC) en Concepción de Uruguay, localidad del este de Entre Ríos situada a unos 260 kilómetros de Paraná, la capital provincial.

El fallo fue celebrado por organismos de derechos humanos, familiares y organizaciones políticas tanto en Paraná, donde se consustanció el juicio, como en Concepción del Uruguay, de donde eran oriundas muchas de las víctimas

El Estado argentino está obligado a liberar a Milagro

La medida cautelar concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Milagro Sala no deja lugar a dudas: “El Estado de Argentina de conformidad con sus obligaciones internacionales se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata”, dice en forma textual su párrafo 45. La Comisión ya había afirmado lo mismo en un comunicado el 2 de diciembre de 2016. En enero de 2017 el gobernador jujeño, contador Gerardo Morales, respondió que por tratarse de un comunicado no era de cumplimiento obligatorio y adelantó que si la Comisión concediera la medida cautelar solicitada por Amnistía, ANDHES y el CELS, su gobierno la acataría porque tendría valor jurisdiccional.

La medida cautelar fue concedida y no quedan excusas para demorar su cumplimiento. No obstante, Morales critica ahora a la Comisión, pretende que no tiene toda la información necesaria y afirma que la resolución depende de los jueces jujeños, que él maneja desde el Superior Tribunal de Justicia, que amplió de 5 a 9 miembros y en el que posee una mayoría automática similar a la que Carlos Menem construyó hace un cuarto de siglo en la Corte Federal. “En Jujuy rigen las garantías constitucionales para quienes se robaron todo”, agregó en una cuenta personal en las redes antisociales. Esa frase es autocontradictoria: sin un juicio con debido derecho de defensa no puede afirmarse que Milagro y la Túpac Amaru hayan cometido los delitos que se les imputan. Se trata de una zafia respuesta a los contundentes señalamientos de la CIDH, que sostiene haber constatado “como especificidades del presente asunto que lo distinguen de otros” que la detenida Milagro Sala es:

“Una prominente líder social”,
“mujer e indígena”,
“enfrentada con el gobierno actual de la provincia”,
“identificada con parte representativa de un sector de oposición”

El entrecomillado obedece a que estamos haciendo una extracción textual de lo resuelto por la Comisión Interamericana

La Comisión también registró durante su visita a la Argentina “innumerables reclamos de la sociedad civil sobre la detención preventiva de Milagro Sala e incluso tomó conocimiento de diversas movilizaciones”.

“Es decir, no una ladrona como afirma Morales sin otro sustento que las acusaciones que su propio gobierno presentó contra ella para correrla de la escena política, sino una presa política debido a su acción de género, lúcida integrante de los pueblos originarios y opositora al gobierno que la acusa”, según expresa el periodista Horacio Verbitsky.

Una dinámica cultural entre lo avanzado y la resistencia a los oscurantistas

La semana que pasó reunió entonces tres fallos judiciales y una resolución de carácter interamericano que contienen el componentes culturales contrarios a las políticas oficiales de negación de los derechos humanos entendidos como una integralidad fundamental y eje rector de un estado de derecho. No incide en ello que los textos lo expresen o no, sino que intervienen fácticamente en la realidad política de ese modo.

Y en segundo lugar, tan importante como lo primero, se apropian del vocablo “Justicia”, sacándolo del bronce “republicano” y consolidando su permanencia en el lugar de las resignificaciones históricas que unen a generaciones que padecieron el terrorismo de estado con sus herederos y al mismo tiempo introduce el cuestionamiento de pilares ancestrales que ordenan, roles, prácticas y jerarquías de una sociedad hegemonizada por el patriarcado, la represión y por lo tanto la desigualdad y la injusticia llamada capitalismo.

Sistema que solo los sujetxs pueden transformar. Esos, esas y eses que sienten la persecución en carne viva, como la siente Milagro Sala.

Pero si de remover la cultura en tiempos de disputas se trata es bueno releer la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras franjas de la sociedad fundamentadas en los intereses discursivos e ideológicos de los medios masivos de comunicación repite sin cesar que Milagro “se robó todo” y que en los años previos se consolidó la impugnación a “los militantes” la CIDH precisamente dice que la gravedad está en mantener presa de forma ilegal a una prominente líder social, mujer indígena, enfrentada con el gobierno de la provincia. Y como remate toma nota de las movilizaciones que reclaman su libertad.

Entonces, si queremos justicia y que las corporaciones, al menos por un rato, se corran de sus históricos intereses de clase y sean permeables a los intereses populares debe haber lucha, organización e incidencia en el sentido común que nos domina la cabeza y los cuerpos. La justicia está en las luchas sociales

Si ese factor cultural se expresa además políticamente, podremos volver a cantar que la tortilla se vuelva. O una nueva forma de conjugar el verbo “volver”

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